Por Marta Maffei. Hace pocos días, el abogado ambientalista Enrique Viale, denunciaba en el Programa de ADN (emitido por C5N el 29-10-17, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_LMg9cRXVZY) la trama urdida desde el Ministerio de Energía y Minería, para sancionar un decreto que modificara la Ley 26.639 que protege los Glaciares y el ambiente peri glaciar. El argumento principal de los CEOS de ese Ministerio, se funda en que (textual) “Argentina hace la minería del modo más responsable que existe en el mundo” y además, se trata de “una actividad maravillosa que, ahí donde se instala, es capaz de desarrollar regiones enteras” Partiendo de estas aberrantes mentiras, el decreto avanza contra la ley, otorgando ventajas a favor de la actividad industrial más contaminante del mundo y que acá en nuestro país, lejos de las afirmaciones del gobierno, es aún mucho peor que en cualquier otro lugar, debido al descontrol, la corrupción y la vocación de entrega sin parangón que impregna todo el aparato gubernamental (veamos lo ocurrido en Andalgalá, en Tucumán y en Veladero). La propuesta del gobierno se centra en 3 cuestiones -a demanda de las mineras: 1- Eliminar del Art. 7 sus 3 exigencias básicas: - que todo emprendimiento en zona glaciar o preglaciar, tenga aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, - que cuente además con la Evaluación Ambiental Estratégica (que implica considerar los proyectos en el marco de las políticas y programas ambientales del país) y - que la ciudadanía haya tenido participación efectiva conforme a la ley. 2- Aprobar los proyectos mineros, aun cuando no haya inventario del lugar y aunque estén sobre glaciares, salvo que se demuestre la importancia hídrica de los glaciares involucrados. Esto modifica la esencia de la ley, que considera explícitamente que todos los glaciares y ambiente peri glaciar tienen importancia hídrica –como proveedores de agua, como reservas, como “refrigeradores a cielo abierto”. Así, contra lo establecido por la ley, el decreto propuesto dice que un glaciar puede no tener importancia hídrica y por tanto hay que demostrar que sí la tiene, para el caso de no autorizar el proyecto. ¿Quién lo demuestra? ¿La empresa que quiere explotar la mina? ¿El gobierno que la quiere autorizar? ¿La comunidad? ¿Quién? 3- No incluir en el inventario los glaciares de menos de 1 Ha. (ya que no tendrían importancia hídrica). Pero ¿Por qué 3 glaciares de media hectárea no se van a registrar y sí uno de una? ¿Quién dice que son menos importantes? Mientras esto se tramaba en Minería, en la Secretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio de Ambiente, se realizó un estudio, que finalmente trascendió, fue denunciado y ya está en poder del Juez Casanello. El estudio en cuestión revela que de los 322 proyectos mineros existentes en cualquier etapa de evolución (estudio preliminar, permiso, exploración, explotación o cualquiera), 77 están en alguna de las 32 sub cuencas inventariadas por el IANIGLA y de ellos, 44 muy próximos a los cuerpos de hielo y por tanto, no estarían permitidos por la Ley 26.639. El estudio plantea además que de los 322 proyectos, el 99% pertenecen a empresas extranjeras, son para extraer oro y otros minerales e implicarían una inversión de unos 16.000 millones de dólares hasta el 2024, razón por la cual el estudio se mantenía en secreto. Recordamos que la minería a cielo abierto es la actividad industrial más contaminante desarrollada hasta el presente en el planeta y sin embargo, nuestro país le otorga cada día mayores beneficios impositivos, económicos y financieros. Sólo con Veladero, la mina de Barrick Gold, plantea sacar al menos 15 millones de onzas de oro, estamos hablando de 30.000 millones de U$D, para un sólo emprendimiento, que se lleva el doble de lo que invierten todas las demás ¿se puede entender la dimensión del negocio que el Gobierno quiere proteger? Finalmente el decreto era tan disparatado que, además de alertar a la sociedad, generó conflictos dentro de los propios Ministerios. El gobierno abandonó entonces la idea del decreto y planteó la decisión de enviar directamente una nueva ley para sustituir la 26.639. Entraría al Congreso en febrero de 2018. No se conoce en texto, no se ha redactado aún, pero sí sabemos lo que el gobierno ha anticipado: En respuesta al reclamo empresario, el presidente Macri convocó a Eduardo Elsztain y a Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, al titular de la CAEM -Cámara Argentina de Empresarios Mineros-, Marcelo Álvarez; a los gremios y Provincias mineras, a funcionarios de Medio Ambiente; al Ministerio de Energía y Minería y al de Trabajo. Allí el Presidente confirmó la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo proyecto. Algunas Provincias mineras fueron de la partida: Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan, ésta última, planteó la necesidad de concretar el túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico entre Argentina y el puerto de Coquimbo, en Chile, que también está afectado por la ley porque afecta glaciares. El Sector gremial (UOCRA, y los mineros de AOMA), confirmaron que la ley de glaciares es un obstáculo para la minería cordillerana. Reiteran, con profundo desconocimiento del tema, que cualquier charco congelado sería una zona peri glaciar y que así vamos a tener prohibición hasta en Buenos Aires cuando haya una helada. Las empresas privadas insistieron en que hay potenciales inversiones en suspenso esperando una definición sobre este tema. Hay que recordar que la minería a cielo abierto no puede realizarse sin agua. Por eso se ubica en las zonas en que puede desviar el agua derretida para agregarle los químicos y venenos que permiten separar el mineral de la roca triturada. Finalmente terminamos en una sopa química, saturada con esos productos agregados, más los minerales y no minerales, radiactivos o no, contenidos en la roca molida, que terminan también en el agua (por ej. azufre, mercurio, cesio, cianuro, radón, estroncio, uranio, etc., etc.) Una combinación extraordinariamente nociva que permanece en el agua por miles de años Se llama drenaje ácido de mina. A todo esto hay que agregarle las voladuras, los daños en las capas del suelo, la destrucción de la flora y la fauna, y más etc. Es evidente que ni el gobierno ni las empresas tienen en cuenta estos pasivos, sus costos, el daño sobre las poblaciones durante miles de años, ni la pérdida definitiva de recursos no renovables, la destrucción y contaminación de industrias regionales, ni ninguna otra cosa que no sea la ganancia inmediata exacerbada. Nada novedoso. Ya en 1991, se conoció el Informe Summers, un memorando sobre la liberalización del comercio, presentado por el ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, mientras era Economista en Jefe del Banco Mundial. Allí recomienda la radicación de industrias sucias en países de tercer mundo, ofreciendo como contraprestación, la percepción de beneficios económicos. Habla sobre la necesidad de distribuir mejor la contaminación. Argumenta que en los países periféricos son menores los costos de la contaminación en cuanto a salarios, atención de la salud, remediación, indemnizaciones. Textual “Siempre he pensado que los países menos poblados… están en gran medida SUB-contaminados, la contaminación del aire probablemente es extremadamente baja en comparación con Los Ángeles o México DF. Nosotros, (habla de EEUU) tenemos industrias no re localizables (transporte, generación eléctrica) entonces traslademos las que podamos porque si no se impide el intercambio, benéfico para el mundo, de contaminación aérea y de residuos” Como si fuera poco, agrega: “La preocupación por un agente que causa un cambio de uno en un millón en las posibilidades de cáncer de próstata obviamente va a ser mucho más alta en un país donde las personas sobreviven para llegar a tener cáncer prostático, que en un país donde la mortalidad infantil de menores de 5 años es de 200 por mil.” (¡!!) Pensaríamos que después de 25 años de resistencia popular al neoliberalismo, al saqueo, a sus consecuencias, a la degradación, los gobiernos tomarán medidas para evitar que las recomendaciones de Summers se sigan implementando, pero no es así. Claramente se puede advertir que los proyectos encarados en estos días por el gobierno nacional en materia de flexibilidad laboral, modificación tributaria, acoso jubilatorio, se complementan perfectamente con esta flexibilización de normas y condiciones para que el saqueo o el extractivismo coronen el proyecto de vaciamiento del país que –además- se vende bajo el rótulo de Inversiones. Hay quienes consideran que estos problemas no los tocan, que tienen que ver con comunidades perdidas en la Cordillera, que cuando los glaciares no existan más tendremos que adaptarnos a otras formas de obtener el agua, que lo vamos a hacer con éxito gracias a la ciencia y la tecnología y que por tanto no hay de qué preocuparse. Pero están equivocados. El 70% del agua dulce y de buena calidad del planeta está allí, en el ambiente glaciar. Argentina y Chile tienen es este sentido un extraordinario privilegio. ¿Será que no reaccionaremos tampoco en esto hasta que todo se haya perdido? No es sólo que se llevan el oro, es que nos dejan sin agua y, como decía Javier Rodríguez Pardo: EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO Marta Maffei. 16/ nov/ 2017